La patronal de Mercadona, Dia y Lidl clama contra la reducción de jornada y pide la enmienda a la totalidad

La distribución alimentaria salta contra la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el proyecto legislativo estrella del Gobierno de coalición y que agota sus últimos pasos antes de ser debatido en el Congreso de los Diputados.

Asedas, la principal asociación empresarial del sector, que aglutina a 340.000 trabajadores de empresas como Mercadona, el principal empleador privado de España con 100.000 empleados, Dia o Lidl, clama contra la medida. Su presidente, el exparlamentario y ex secretario general de Convergencia i Unió, Josep Antoni Durán i Lleida, muestra su firme oposición y malestar en una carta remitida a la vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, principal impulsora del proyecto, en la que indica que solicitará a todos los grupos parlamentarios el apoyo a las enmiendas a la totalidad.

En la misiva, Durán i Lleida critica la manera en la que se ha presentado el proyecto de ley, “como una iniciativa que venía a beneficiar, sobre todo, a los millones de trabajadores del comercio y la distribución. Como si en muchos años de fructífera negociación colectiva, no se hayan tenido en cuenta sus necesidades, cuando los empresarios y los representantes de los trabajadores han acordado las mejores condiciones posibles para ambos en los convenios vigentes”.

El presidente de Asedas critica los informes en los que se ha basado el Gobierno para diseñar la reducción de jornada, que a su juicio muestran “un profundo desconocimiento de la realidad socioeconómica y laboral de la distribución”, y proyectan “una imagen negativa y no justificada”. Según Durán i Lleida, el proyecto legislativo “ignora el servicio que prestamos a la sociedad en nuestros establecimientos, sus amplísimos horarios de apertura al público (para atender todo tipo de necesidades familiares y sociales) y la enorme flexibilidad con la que tenemos que adaptarnos a las necesidades de los ciudadanos a los que servimos”.

Un desconocimiento que atribuye a la ausencia de diálogo con los representantes de las empresas, “que nos ha impedido explicarte [a la vicepresidenta Yolanda Díaz] con detalle por qué la consideramos inadecuada y perjudicial”. La asociación pide diálogo social y respeto a los convenios en vigor. El sector cree que la reducción de jornada implicará unos mayores costes. El presidente de Mercadona, Juan Roig, se refirió a ella en marzo, en la rueda de prensa de resultados de la compañía. “Cuando salga y se apruebe, obviamente la cumpliremos. ¿Cómo afectará? Menos al trabajador, a todos los demás. A la empresa, al cliente, a los proveedores, a la sociedad. a los beneficios... Y si caen, afectará a la recaudación. Va a ser una decisión de mucho calado y con efecto en todos los componentes".

Además de Mercadona, Dia o Lidl, otros operadores de alcance nacional y regional como Aldi, Consum, Ahorramas, Gadisa, Uvesco o Froiz están integrados en Asedas.

El Consejo de Ministros aprobó el 6 de mayo enviar el proyecto de ley de la reducción de jornada al Congreso de los Diputados para su votación. El mismo, consensuado con los sindicatos con la oposición de las patronales, también incluye cambios en el registro de jornada. En la actualidad está abierto el periodo de enmiendas, que concluirá el 26 de mayo de 2025, aunque cabe una ampliación del plazo.

Hasta ahora, Junts per Catalunya ha sido el único grupo parlamentario en confirmar que presentará una enmienda a la totalidad, al suponer “un ataque frontal a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas de Cataluña”, según indicó su portavoz, Miriam Nogueras. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, apreció la semana pasada “margen para negociar” con el grupo catalán.

Dia ha sido el último de los grandes operadores de la distribución alimentaria en aprobar un nuevo convenio colectivo. Lo hizo el 7 de mayo, y entre las novedades, incluía una reducción de la jornada máxima anual hasta 1.768 en 2028, con una caída progresiva de cuatro horas por cada año del acuerdo.