Alinear los intereses económicos y ambientales en El Prat

El acuerdo alcanzado entre la Generalitat y Aena, el gestor de la red, para la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, no solo marca un hito por la envergadura de la inversión -en torno a 3.200 millones-, sino en la medida que desatasca un conflicto de largo recorrido con ramificaciones altamente dañinas para el desarrollo de la economía catalana. No en vano, la prolongación de la tercera pista -la más cercana al mar- y la modernización de las terminales, con la creación de una nueva adicional satélite, permitirá incrementar la capacidad de un aeródromo que ya operaba al límite, con 55 millones de usuarios al año. La ampliación incrementará por definición las posibilidades turísticas, comerciales e industriales de Cataluña, amén de paliar en parte su rampante déficit de infraestructuras.

El movimiento, que también refleja cómo se extiende al mundo de los negocios el nuevo clima de entendimiento entre Moncloa y el Govern de Salvador Illa, no está exento de desafíos. Para empezar, tiene un largo camino por delante. El diseño del plan director se espera para 2028 y el arranque de la ejecución para 2030. Como explicaba ayer este diario, el rechazo en 2021 al primer proyecto de renovación de El Prat ha colocado por delante reformas necesarias y pendientes en al menos otros diez aeropuertos de la red, incluidas las previstas para Madrid-Barajas. Es de esperar que los plazos, y las vicisitudes políticas que pueden acontecer por el camino, no afecten a la esencia de la iniciativa.

En todo caso, el principal reto es ambiental, en tanto la obra nueva se cierne sobre la zona natural protegida de La Ricarda, un factor que ha despertado históricamente la oposición de los ecologistas y de parte de la clase política catalana. Bruselas también tendrá algo que decir, en tanto sigue abierto un expediente por el deterioro medioambiental que causó en el delta del Llobregat una anterior remodelación de la infraestructura, allá por el año 2024. La UE solicita a España medidas compensatorias tras aquel episodio, algo que será previo a cualquier desarrollo.

Acierta Illa al entender que el plan es clave para convertir el aeropuerto en “un gran hub de conexiones internacionales”, pero también al dejar claro que debe acometerse bajo desde “una propuesta técnica equilibrada”. Son muchas las bondades del proyecto, suficientes para reclamar flexibilidad y altura de miras a partidos políticos y grupos de interés. Hasta ahora han brillado por su ausencia. El primer paso, al menos, está dado.