Valencia renuncia a luchar contra la corrupción: el desmantelamiento de la Agencia Valenciana Antifraude
La Unión Europea ha situado la lucha contra la corrupción como un eje clave de su agenda estratégica, y lo que está ocurriendo en Valencia va en una dirección diametralmente opuesta al rumbo marcado
Si ya nos vimos sorprendidos con la suspensión hace unos meses de la FCPA por el Gobierno del Donald Trump, ahora, con la reciente aprobación en Les Corts Valencianes de la reforma de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), impulsada por el Partido Popular y Vox, donde, se está perpetrando un verdadero proceso de desmantelamiento institucional sin precedentes. Esta ley, lejos de representar un mero ajuste técnico, ha tenido como consecuencia directa la mutilación sistemática y progresiva de los mecanismos de control ciudadano y la degradación de una de las agencias más eficaces de Europa en la lucha contra la corrupción.
Desde World Compliance Association, junto con otras siete organizaciones de referencia como Transparencia International España, Hay Derecho, GESTHA, Acción Cívica, Observatori Ciutadà contra la Corrupció o Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia, hemos expresado públicamente nuestra alarma y rechazo ante estos cambios que vacían de contenido a una institución clave en la lucha anticorrupción.
Las reformas afectan al corazón mismo de la AVAF: se ha eliminado el Consejo de Participación Ciudadana, un canal vital entre la sociedad civil y la Agencia, se ha suprimido la obligatoriedad de elegir a su director con una mayoría reforzada de tres quintos, y el nuevo Código de Conducta aprobado en mayo de 2025 rebaja gravemente los estándares previos de integridad y transparencia.
Estos hechos no pueden relativizarse ni presentarse como una mera reestructuración técnica. Lo que está ocurriendo en la Comunitat Valenciana es, en realidad, una renuncia explícita a la persecución de la corrupción institucionalizada. La AVAF fue creada en 2016 precisamente para combatir este fenómeno, en una región especialmente golpeada por casos de corrupción y señalada por múltiples organismos internacionales como un área donde las bandas organizadas tenían su centro de operaciones. Su diseño y funcionamiento eran un modelo observado con respeto desde otras regiones e incluso desde instituciones internacionales. Convertirla ahora en un organismo sin capacidad de actuación real y sin independencia es rendirse, y, además, enviar el peor mensaje posible a la ciudadanía: que la vigilancia y el control sobran en materia de corrupción, en síntesis: que molestan a nuestras instituciones.
Como miembro de la World Compliance Association, jurista y como ciudadano de la UE, no puedo sino advertir del grave riesgo que estas decisiones representan para el sistema democrático, el marco normativo europeo y la confianza pública en las instituciones. La Unión Europea ha situado la lucha contra la corrupción como un eje clave de su agenda estratégica, y lo que está ocurriendo en Valencia va en una dirección diametralmente opuesta al rumbo marcado.
Este no es solo un problema autonómico: es un problema europeo. No se trata solo de un asunto local o nacional, sino de un retroceso que interpela directamente a todos los ciudadanos europeos, como parte de una comunidad política que aspira a elevar sus estándares democráticos y de integridad.
La supresión de la participación ciudadana, la rebaja de las garantías institucionales y el vaciado progresivo de funciones marcan un claro retroceso en la Agencia Valenciana Antifraude, y en todo en el área de la Comunitat Valenciana, que se queda cuasi huérfana de controles, mientras que el resto de agencias antifraude, miran con miedo a esta deriva que puede terminar con una generación de agencias que fueron diseñadas para ser punta de lanza en materia anticorrupción.
Con estas sorprendentes decisiones, se ha dejado de fortalecer el muro contra la corrupción para convertirlo en un mero decorado.
La sociedad civil debe alzar la voz. No podemos permitir que el retroceso democrático y de integridad se normalice. La desarticulación de la AVAF no es un tecnicismo jurídico: es la pérdida de una trinchera vital contra una lacra que nos empobrece económica, moral e institucionalmente como es la corrupción. Hoy más que nunca, es necesario exigir integridad a nuestras instituciones, porque cuando se desmantela la vigilancia, la corrupción vuelve a campar a sus anchas.