Jerez consagra la unidad de la Abogacía: la profesión exige reformas, dignidad y justicia sin territorios de segunda

Las IX Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía (CGAE), celebradas en Jerez de la Frontera esta semana bajo el eslogan Juntos, lideramos, ha finalizado este viernes con la lectura de las conclusiones programáticas a las que han llegado los 700 representantes de los equipos directivos de los 83 colegios de la abogacía. Durante dos jornadas, cientos de abogados han debatido sobre los principales retos que afronta la profesión, como la defensa de la labor de los letrados de injerencias externas, la politización de la justicia, la defensa del Estado de Derecho y la dignificación de la labor de los compañeros del turno de oficio. La ley de eficiencia y la nueva norma sobre la asistencia jurídica gratuita han centrado los debates de este viernes.

Salvador González, presidente del CGAE, ha clausurado las jornadas subrayando que han sido “las jornadas de la ilusión y el debate, de la suma, de la razón y del liderazgo”. González ha querido remarcar que los desafíos actuales requieren del trabajo conjunto y de la unidad del colectivo. “Estamos todos comprometidos y unidos con un mismo fin: la defensa y mejora de la Abogacía, de la justicia y del Estado de derecho”, aseguró el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González

Sin embargo, se ha notado la ausencia de dos pesos pesados: los colegios de Barcelona (inmersos en elecciones para renovar la junta de gobierno) y de Madrid, que han celebrado estos días una cumbre iberoamericana en paralelo) y ha enviado un solo representante.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha reivindicado en su intervención el papel de los juristas como “eslabón de plata” del Estado democrático y social. La exvicepresidenta del Gobierno ha defendido la democracia frente a los discursos de desafección. “Somos un Estado de Derecho, tanto como democrático y obligadamente social”, recordó Calvo, citando el artículo 1 de la Constitución. En ese sentido, defendió que la justicia no es un concepto abstracto, sino un valor que “parece que la traemos en el disco duro cuando aterrizamos en este mundo” y que ha sido clave en la evolución de la humanidad como especie.

También han intervenido en los discursos de clausura el decano del Colegio de Jerez, Federico Fernández, y la decana de Talavera, Marga Cerro.

Las diez conclusiones de las jornadas, que marcan la hoja de ruta para los próximos años, se vertebran en una palabra: unidad. Las instituciones colegiales apuestan por defender la labor de los abogados, una justicia mejor con la colaboración de la Abogacía que se ofrece a sugerir modificaciones en la ley de eficiencia, organizaciones eficientes, liderar la actividad negociadora en el actual marco de requisito de procedibilidad para iniciar un pleito, la formación especializada y continuada de los profesionales y la reivindicación de la dimensión europea del colectivo. En las conclusiones, la Abogacía exige soluciones al problema de previsión social (la llamada pasarela RETA para aliviar el problema de pensiones irrisorias a las que se ven abobadas miles de mutualistas alternativos) y la defensa y la mejora de la asistencia jurídica gratuita.

“Es un punto de partida, que recoge el sentir y las propuestas de todos”, aseguró la vicesecretaria general del Consejo, Marga Cerro, quien leyó la Declaración junto con el decano del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, Federico Fernández.

Turno de oficio

Los debates se han sucedido en estas jornadas, en las que los ponentes de distintos colegios han expuesto cuestiones de índole interna y también retos conjuntos. En una de las sesiones de este viernes, sobre los retos de la nueva ley de asistencia jurídica gratuita que está tramitándose, se exigió el pago universal por los servicios de los abogados de turno de oficio en todo el territorio nacional, con independencia del colegio al que pertenezcan los letrados.

Filomena Pérez, presidenta de la comisión especial de la nueva ley creada en septiembre de 2024, expuso el trabajo realizado con los consejos, colegios y asociaciones, y el estado de las negociaciones con el Ministerio de Justicia. Algunas de las exigencias de la Abogacía son el pago universal, que no está garantizado en todos los territorios, y la homogeneización de las condiciones de pago y cuantía entre los servicios. Por ejemplo, expuso Pérez, las nuevas actuaciones de negociación requeridas por la ley de eficiencia no se pagan en todas las comunidades.

El llamado territorio común (formados por las comunidades autónomas que no han asumido competencias en justicia: Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta) va a la cola en el reconocimiento del pago de servicios y su cuantía, denunció Ángel Méndez, decano del Colegio de Abogados de Cartagena y residente de la comisión de asistencia jurídica gratuita y función social de la Abogacía del CGAE. Méndez subrayó la necesidad de homogeneizar las condiciones: mientras en el País Vasco se paga 654 euros por un contencioso de familia, en el territorio común se abonan 291 euros.