La Audiencia Nacional condena a siete años de cárcel a seis hijos de Ruiz-Mateos por estafar con Nueva Rumasa

La Audiencia Nacional ha condenado a siete años y cuatro meses de cárcel a seis hijos del empresario gaditano José María Ruiz-Mateos por el fraude de unos 300 millones de euros con los pagarés del Grupo Nueva Rumasa entre los años 2009 y 2011. Los seis hijos varones (Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso), sucesores del negocio del polémico empresario, han sido condenados por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, al quedar acreditado que idearon un sistema de financiación con “efecto piramidal” con los pagarés emitidos por 13 mercantiles del grupo, a través del cual obtuvieron una inversión de más de 337 millones de euros procedentes de, al menos, 4.110 inversores, y que dejaron sin devolver unos más de 289 millones de euros.

Nueva Rumasa fue el segundo entramado que la familia Ruiz-Mateos levantó para tratar de reconstruir el imperio de Rumasa, expropiado en febrero de 1983. Así, recuperó el reconocido logo de la abeja. Se trataba de complejo conglomerado que no se configuró como un holding (no tenía una sociedad matriz común), pero que funcionaba como tal en la práctica. De hecho, el patrimonio y la tesorería de esas sociedades se venían poniendo durante años indistintamente al servicio de todo el grupo, que funcionaba de hecho como una sola empresa tanto a efectos financieros como de responsabilidad patrimonial.

En una sentencia de 672 páginas, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal explica que, aunque el grupo pertenecía en última instancia a la conocida familia, la mayoría de esas sociedades pertenecían formalmente a otras sociedades extranjeras, generalmente radicadas en paraísos fiscales y en jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación, fundamentalmente Belice, Panamá y Holanda. Todo ello funcionó, además, con testaferros y despachos fiduciarios, lo que “permitió durante años dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad”, reza la resolución.

En la operativa participó José Ramón Romero, que ejerció las funciones de director de la oficina de Rumasa en Jerez de la Frontera, conocida como “banquito de Jerez”, a quien la Audiencia Nacional le ha impuesto una condena de seis años y tres meses de prisión. Asimismo, el tribunal presidido por el magistrado Fernando Andreu ha impuesto una pena de seis años y cinco meses de cárcel a Zoilo Pazos, sobrino de José María Ruiz-Mateos, quien figuraba como partícipe y administrador de numerosas sociedades del Grupo; y otros tres años y cinco mese de prisión a Ángel de Cabo(que adquirió el grupo tras declararse en concurso de acreedores), Fernando Juan Lavernia e Iván Losada por delito de alzamiento de bienes.

Los condenados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a los perjudicados en la presente causa. Asimismo, impone a los condenados el pago de las costas causadas, incluidas las de las acusaciones particulares.

Deudas millonarias

La sentencia, ponencia de la magistrada Teresa García Quesada, explica que a principios del año 2009 la situación económica y financiera de Nueva Rumasa era de una “considerable gravedad”, pues tenía deudas millonarias acumuladas y carecía de liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos y para sostener la actividad regular de las empresas, que necesitaban 52 millones de euros para atender sus pagos más inmediatos. “Entre tales compromisos se encontraban deudas por 197,5 millones de euros que vencían ese año y por otros 194,6 millones de euros que vencían en el año 2010″, indica.

“Ante esas circunstancias adversas que agravaban la situación de insolvencia de las empresas o las abocaban a esa situación de modo inminente, y ante la imposibilidad de seguir recurriendo a la financiación bancaria, los responsables del Grupo Nueva Rumasa, ocultando dicha situación crítica a los acreedores, proveedores, consumidores y demás intervinientes en los sectores en los que desarrollaban su actividad ordinaria, decidieron poner en marcha un nuevo mecanismo dirigido a captar fondos del público con los que poder, no solo enmascarar por un tiempo esa situación, sino también poder hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus viviendas, que a principios del año 2009 superaban los 18 millones de euros”, relata.

Para captar tales fondos, la familia Ruiz-Mateos ideó un mecanismo de préstamos a inversores, garantizados mediante “pagarés de empresa” o “pagarés corporativos”, que se devolvería con intereses. Para que funcionara el sistema de financiación, Nueva Rumasa apeló al ahorro del público mediante agresivas campañas en los medios de comunicación de ámbito nacional, fundamentalmente en la prensa escrita, en las que ofrecían invertir en sus sociedades productivas más conocidas a cambio de remunerar con elevados intereses esas inversiones, cuidando que en esas campañas se mostrara siempre una imagen de solvencia y bonanza empresarial de Nueva Rumasa que sabían que carecía de todo sustento.

La resolución señala que no se conoce con exactitud número total de inversores que adquirieron pagarés u otros efectos, pues existían algunas inversiones opacas, pero, según sus propios responsables, en el período examinado se captaron fondos de, al menos, 4.110 personas.

El tribunal destaca que los fondos captados por los acusados se destinaban casi en su totalidad a una caja común desde la que luego se redistribuían al resto de sociedades del grupo en función de sus necesidades particulares, ya que constituían la única entrada neta de recursos del Grupo entre los años 2009 y 2011. Asimismo, la familia Ruiz-Mateos destinó parte de estas cantidades (al, menos 1.050.190 euros) a la adquisición de bienes, entre ellos vehículos e inmuebles, bajo la titularidad de sociedades españolas que a su vez eran propiedad de otras sociedades beliceñas, así como al pago de gastos corrientes vinculados a estos bienes.